Acosados por una creciente ola de ataques sexuales, las autoridades de la provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina, anunciaron una solución drástica: en pocos meses comenzarán a aplicar la castración química a los condenados por violación.
El gobierno mendocino tomó la decisión tras determinar que el 70% de quienes van a prisión por abusos sexuales son reincidentes.
Organismos de defensa de víctimas de violación afirman que ese número es mayor y alcanza al 90% de los violadores.
La decisión del gobernador Celso Jaque causó gran conmoción en el país y puso a Argentina en línea con otras naciones como Suiza, Francia y España, que también permiten la castración química.
El método, que consiste en administrar fármacos para disminuir el deseo sexual de los abusadores, sería aplicado de forma voluntaria.
Sin embargo —de acuerdo con el proyecto oficial— quienes no se sometan al tratamiento perderán beneficios como indultos y rebajas de penas.
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